Pase a planta: el daño patrimonial al municipio alcanzaría los 8 millones de pesos.

Fiscal municipal Juan Carlos Giménez.
Foto: Periódico "La Comuna de Villa Regina".

Villa Regina (Periódico La Comuna)- Otro duro dictamen emitió el fiscal municipal Juan Carlos Giménez en relación a la reiterada conducta del intendente Daniel Fioretti para impedir el pase a planta permanente de los 93 trabajadores municipales que rindieron y aprobaron los correspondientes exámenes. Esta vez el fiscal analizó el último decreto del jefe comunal, el 31/16, por el cual decreta la nulidad y lesividad de los decretos 50/15 (que convocó a concurso interno de exámenes y antecedentes) y el 126/15 (que estableció la incorporación provisoria y revocable de los 93 agentes).

Por el mismo decreto Fioretti ordenó a los asesores legales a iniciar acción judicial de lesividad contra todos los agentes municipales que hubieran adquirido derechos subjetivos en función de los decretos mencionados.

Giménez, tras enumerar los antecedentes al mencionado decreto, indicó que “el decreto 50/15 fue “dejado sin efecto” una vez y anulado una vez; mientras que el 126/15 fue anulado dos veces.

El fiscal acusó de ‘mala praxis’ a los asesores legales, quienes actuaron al servicio de la voluntad empecinada de Fioretti contra la ordenanza 34/15, decreto 50/15 y decreto 126/15, demostrando una ‘técnica jurídica errática’.

Además de adelantar que los decretos 50 y 126 están vigentes, y dejarán de estarlo cuando la justicia diga que son nulos, Giménez hizo una proyección con respecto al daño patrimonial que las acciones de Fioretti pueden ocasionarle al erario público.

Si la justicia señala que ambos son nulos, y el intendente decide no renovar los contratos temporarios, los agentes municipales tienen el derecho a percibir las sumas de indemnización por antigüedad y preaviso que, tomando como base un salario promedio de 10.000 pesos, que alcanza casi los 8 millones de pesos.

Si, por el contrario, la justicia determina que no son nulos, los 93 trabajadores continuarán en relación de dependencia laboral percibiendo sus haberes, pudiendo iniciar acciones por daño moral y psicológico, teniendo en cuenta que la intención de Fioretti de quitarles la estabilidad laboral pudo hacerlos caer en una situación de stress. En este caso, el daño patrimonial ascendería a los 930.000 pesos aunque, como en estos casos el pleito puede tener una duración de dos años, esa suma sería finalmente de casi 1,8 millones de pesos.

“La conducta del intendente Fioretti plasmada en la intelectualidad de sus asesores Ruiz y Gerle nos ha sorprendido con un giro de 180 grados. Es una voluntad nuevamente errada”, sostuvo finalmente Giménez.

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