¿Dónde está la utilidad pública? por Italo Pisani (publicado en Diario "Río Negro").
En un abrir y cerrar de ojos, los rionegrinos fueron anoticiados por el gobierno provincial de que –a partir de ahora y por tiempo indefinido– tendrán que solventar a 32 trabajadores de una empresa privada, pagarles unos cuantos salarios atrasados, recomponer el tejido roto de su fuente de financiamiento y, probablemente, asistir a una redefinición partidista de su objeto social.
¿Qué poderosa razón determinó que la emisora cipoleña LU19 "La voz del Comahue" y su frecuencia modulada sean sujetos de utilidad pública para merecer la expropiación, tras la intervención declarada?
Ninguna con base jurídica concreta.
¿Cuál sería el beneficio, ventaja o utilidad en favor de la ciudadanía de esta transferencia forzosa del derecho de propiedad privada? La expropiación involucra el concepto de necesidad pública, asociada –por ejemplo– a obras de infraestructura puestas luego al servicio de la población. Otras doctrinas la fundamentan en la protección de intereses vitales para el mantenimiento del orden y la paz pública. Hay quienes, en ese contexto y bajo un concepto más difuso y subjetivo, prefieren hablar de "función social".
Pero no hay modo de encuadrar jurídicamente la acción del gobierno de Weretilneck fuera de la presunción de un salvataje que libere de compromisos incumplidos al privado y –simultáneamente– captar un atractivo bastión de propaganda política.
Desde el punto de vista financiero, la empresa Cadena Radios del Comahue (licenciataria también de LU16 de Regina) viene exponiendo desde hace más de un año su incapacidad para afrontar el pago de deudas y de obtener financiamiento.
Su propietario visible, el exlocutor y publicista Hugo Benedetti, se mostraba impotente por conseguir créditos, pues se decía condicionado por la documentación insuficiente que acreditara su propiedad sobre el terreno donde se emplaza la planta transmisora.
La precaria tenencia, las dudas sobre los verdaderos dueños y los vínculos políticos –que Benedetti siempre desmintió– formaban parte de los clásicos rumores alrededor de la emisora.
Sea como fuere, el sentido común indica que, en estas condiciones, el fallido emprendedor puede declarar la cesación de pagos para procurar un acuerdo con sus acreedores bajo tutela judicial. O, en el último de los casos, ser declarado judicialmente en estado de quiebra.
Hablamos entonces de una situación estrictamente privada, donde el Estado sólo puede mediar y poner a disposición los organismos específicos de conciliación. Si el gobierno provincial quería evitar la asfixia de LU 19, podría haber seguido su situación financiera de un modo más cercano e, incluso, haberle gestionado u otorgado un crédito o subsidio. No lo hizo, y ahora va por todo.
El gobernador se ufana de haber asumido "todas las obligaciones emergentes de las convenciones colectivas de trabajo, contratos laborales y leyes de previsión de la radio", con la arbitraria herramienta del decreto y sin intervención alguna de la Legislatura, por ahora. El gobierno asegura que intervendrá y dio a conocer otro decreto-ley con acuerdo de ministros para proponer declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación bienes inmuebles y muebles de la emisora. Es decir, todo al revés: primero la arbitrariedad de una norma impuesta, después la búsqueda de fundamentos que acrediten la expropiación para un "debate" y por último la intervención de la Legislatura para un proceso que –admite el gobierno– se iniciará un año después de la entrada en vigencia del decreto-ley.
El artículo 90 de la Constitución rionegrina dice: "La expropiación, por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley previa y justamente indemnizada". Pero no existe base legal alguna para que la provincia pueda intervenir una empresa privada.
El afán de "resolver" los desaguisados de una empresa y el impacto en sus trabajadores (ciertamente felices hoy de superar la angustia de tantos meses) deja cosas sueltas, de importancia nada menor. Por ejemplo, no hay cálculo sobre el pago y plazo de la indemnización al privado, salvo la mención de que alguna vez habrá que justipreciarla, con destino a no se sabe quién (en razón de la difusa propiedad).
Y algo más apremiante: ¿de dónde saldrá el dinero para sostener el funcionamiento de la radio y su plantel? ¿Dónde está la partida en el Presupuesto rionegrino para los pagos que desde hoy se deberán afrontar? No hay forma de justificar estas erogaciones, salvo el clásico ardid del desvío de fondos de Rentas Generales o el uso de partidas sub-utilizadas.
Las razones de Afsca para quitarle la licencia a la emisora resultan poco claras, pues la reciente resolución no ha sido divulgada en su sitio web. El artículo 32 de la Ley de Comunicación Audiovisual determina que las licencias "correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y permanente". Lo que ha hecho, en cambio, es "ceder" la licencia al gobierno rionegrino tras declarar extinguida la licencia. ¿Lo puede hacer? Todo indica que sí. El artículo 37 prevé que a las figuras jurídicas estatales o sin fines de lucro se les otorguen licencias en forma directa y "a sola demanda".
En lo político, esta maniobra con LU 19 abre dudas sobre las verdaderas motivaciones del mandatario y del partido que representa. No se trata sólo de la radio de su ciudad (que frecuentaba cuando era intendente con un programa propio); es un sistema de comunicación de significativo alcance regional y bien ponderado por la sociedad, como lo venía demostrando por años hasta su debacle. Para el gobierno, resultó ser un tentador mojón. Se verá con el tiempo si el dominio sobre el medio se convierte o no en un acto lesivo al equilibrio informativo y la libertad de opinión. Lo más probable es que sí.
Lo cierto es que se ha perdido un medio privado y se ha creado un nuevo medio estatal. Si se sigue la tradición lamentable de las últimas décadas, no asombraría que LU 19 sea utilizado con criterio gubernamental. Esta radio, con la amplitud de su alcance geográfico, podría ser para el gobernador una plataforma de lanzamiento de propaganda tendiente a favorecer las posibilidades de una reelección.
Sin embargo, un medio no es cualquier empresa. Es una especial, con contenido social y político. Los empleados fueron de algún modo rehenes de una situación que, para muchos, involucró un cambio de preferencia política desde que el radicalismo fue desplazado del gobierno provincial por el FpV. La inveterada práctica de la asignación de la pauta oficial de forma arbitraria ha sido disfrutada pero últimamente sufrida por la radio cipoleña. Hoy, la costumbre se prolonga con la intervención.
"LU 19 será patrimonio del Estado provincial, de todos los rionegrinos", dice el nuevo interventor, el presidente de Radio y Televisión Río Negro, Fabián Galli. Coincide con el gobernador, que apeló al componente emotivo, a su vocación por "velar por las fuentes laborales" y al deseo de que la radio "vuelva a cumplir su función social". Weretilneck dijo que la estatización de LU19 es un "homenaje a todos aquellos que hicieron grande La Voz del Comahue". En realidad, quienes crearon la radio y la mantuvieron fueron los empresarios privados, con la labor cotidiana de sus profesionales. La estatización del medio representa una transformación completa.
En definitiva, la decisión del gobierno de intervenir y expropiar -sin una justificación puntual y concreta de necesidad pública- constituye un pésimo precedente que vulnera el derecho de propiedad, y permite imaginar este criterio extendido arbitrariamente hacia cualquier otra empresa de cualquier otro sector de la economía. Algo impensable en todo Estado de derecho, salvo Venezuela.
Y si la razón no declarada hubiese sido un salvataje, el precedente también es peligroso: cualquier empresario con problemas económicos podría solicitar al gobierno que se haga cargo de su empresa, eludiendo de esta manera el farragoso trámite de acudir al concurso de acreedores.
Sea como fuere, estamos ante un acto de arbitrariedad de tal magnitud que convierte al gobernador en una suerte de monarca absolutista, que con un simple decreto puede intervenir e incorporar al Estado a cualquier empresa privada.
Una medida intrínsecamente perversa, carente de razonabilidad y expresiva de la discrecionalidad.
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