sábado, 17 de noviembre de 2012

Nuevo director. Intiman a productor a desalojar la chacra por deuda con el banco Nación.

 
 
NUEVO DIRECTOR.
 
Si bien todavía no fue anunciado oficialmente, el ingeniero Gustavo Liss es el nuevo responsable de la Dirección de Vitivinicultura de Río Negro. Cabe recordar que anteriormente se desempeñaba en dicha función el ingeniero Mario Tassara, quien desde hace unas semanas pasó a ser el director general de la Secretaría de Fruticultura.
Por lo pronto, la Asociación Vitivinícola de Río Negro ha recibido con beneplácito la designación de Liss, quien desde su explotación de uva de mesa en Cipolletti ha sabido darle pelea al modelo económico actual. En un comunicado, la entidad reconoció no sólo su capacidad profesional sino la importancia que reviste para la vitivinicultura rionegrina "que la dirección esté a cargo de un productor que posee un conocimiento minucioso de la problemática del sector". Los productores, elaboradores y bodegueros que nuclea esta institución han manifestado su deseo de "colaborar para iniciar un camino conjunto en pos de diseñar una política vitivinícola provincial que signifique crecimiento y desarrollo para todos los integrantes del sector".

* Publicado en el Suplemento "El Rural" del Diario "Río Negro", 17 - 11 - 2012.


Intiman a productor a desalojar la chacra por deuda con el banco Nación.

En la provincia de Río Negro la legislatura ratificó, por unanimidad, un convenio mediante el cual la provincia asume las deudas que los productores mantienen con el Banco de la Nación, por más de 33 millones de pesos. Sin embargo, en ese momento se produjo un fuerte reclamo de transparencia sobre el listado de beneficiarios porque dejaba la puerta abierta para que se impulsen nuevos remates de propiedades y no frena los desalojos, como el caso de un productor de la ciudad de Villa Regina que fue intimado a desalojar su chacra en 10 días
En el mes de octubre dicha comisión se reunió para avanzar en la actualización del listado de los beneficiarios al encuentro, que presidió la legisladora Silvia Horne (FpV), concurrieron los representantes de la Federación de Productores Frutícolas, Elvio Ferraza, por la Cámara de Villa Regina y Juan Oller por la de Avellaneda.
Horne en ese momento explicó que fueron incluídos en el listado aquellos que “contrajeron compromisos impagos hasta el año 2001 y posteriores de hasta 30 mil pesos, a cuyos tomadores el Banco los encuadró como deudores incobrables” y que ahora pasaron a integrar “un fideicomiso desde el cual se va a administrar el cobro de sus deudas”.
La legisladora ratificó que en ningún caso “se habla de condonación de sus deudas ya que será ahora la Provincia la que instrumentará los mecanismos de cobro”.
La misma postura de no condonación de las obligaciones sostuvieron los representantes de los productores, “por respeto a quienes han honrado sus deudas o aún la están pagando con un gran sacrificio, como así también en consideración de aquellos que enfrentaron sus obligaciones sin tomar ningún crédito o vendiendo sus propiedades”.
La legisladora Horne admitió, por otra parte, la “proximidad del vencimiento de los plazos del convenio para constituir el fideicomiso” por lo que procurará “ratificarlo en los términos en los que estaba o la modificación -del acuerdo entre Banco y Provincia- en virtud de la lista de beneficiarios que surja del análisis” que encara la Comisión
Horne explicó que surgen diferencias respecto del listado emitido por el Banco Nación, porque figuran algunos productores que han cancelado su deuda o faltan otros que desean ser incorporados entre estos últimos se encuentra el productor reginense ,pero mientras los legisladores siguen analizando a quien incluir, la justicia federal desaloja productores.
Además los funcionarios judiciales parecen no saber que está en plena vigencia la ley provincial 4.348 por la cual se suspenden los remates judiciales de unidades productivas a pequeños y medianos productores que hayan contraído deudas con el banco Nación”.
También se encuentra en plena vigencia la Ley P Nº 4160, la cual tiene como objeto que, en los casos en que una ejecución hipotecaria recaiga sobre inmueble único y de residencia permanente de la familia del deudor y la hipoteca fuera producto de un crédito destinado a la compra, construcción, refacción o ampliación del inmueble motivo de la subasta, se suspenderán todos los plazos procesales mientras dura la emergencia económica nacional”.

* Publicado en Revista Agrovalle, 16 noviembre de 2012.

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